codigo de la niñez

Por: Johanna Romero 

La reciente propuesta de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia (CNA) puede ser analizada desde varias aristas, una de aquellas es la que planteamos desde el feminismo jurídico a partir de la metodología feminista y que acude a la “pregunta por la mujer” (Bartlett, 1990). Esta metodología examina, por un lado, cómo el derecho falla cuando no toma en cuenta las experiencias y valores más cercanos a las mujeres, y por otro, cómo los conceptos legales ponen en desventaja a las mujeres.

La pregunta por la mujer entonces, propone la deconstrucción de textos jurídicos para mostrar cómo éstos se muestran como neutrales, cuando en verdad refuerzan la desigualdad a las mujeres.

Usando esta metodología al Proyecto de Reforma encontramos varios elementos. Partimos por la exposición de motivos y los considerandos del proyecto de reforma dado, constituyen la sección que permite identificar los objetivos que cualquier regulación normativa persigue; no obstante, la lectura de estos dos elementos no debe ser realizada en su literalidad, si lo que pretendemos es identificar los móviles ocultos detrás del proyecto; en tal sentido, la lectura que aquí proponemos es respecto de lo que no se dice, de lo que no es evidente, y que es invisibilizado bajo conceptos presuntamente neutrales (igualdad, familia, interés superior del niño).

Veamos entonces. La Exposición de motivos menciona tres “preocupaciones” para fundamentar el proyecto: i) la necesidad de actualizar la normativa de niñez y adolescencia a los nuevos contenidos constitucionales; ii) la necesidad de descartar cualquier norma discriminatoria en las relaciones parento-filiales, y; iii) la que consideramos más fuerte, la declaración de la familia como núcleo de la sociedad y como tal responsable de asegurar los derechos de sus miembros.

(i) La actualización de los contenidos resulta formalmente una justificación válida, no obstante, si nos detenemos un poco, encontramos que la Constitución de 1998 –sin ir más atrás-, ya establecía el derecho a la no discriminación (Art. 23.3), por lo que resulta absurdo hablar de “actualización”. Asimismo, la apelación al Art. 1, “Estado Constitucional de derechos y justicia…” podría incluso resultar contradictoria con los propósitos expuestos, pero más allá de esto, resulta una mera declaración retórica, si no menciona en qué sentido se da la conexión reforma/artículo 1.

(ii)El argumento en torno a la “no discriminación” pone en evidencia el punto desde el cual parte el proyecto de reforma. La igualdad y no discriminación en el contexto de las relaciones y obligaciones familiares, tal como ha sido propuesto, reafirman una concepción de igualdad formal, esto es, de mera igualdad ante la ley, y como tal, sin consideración de las circunstancias que vive cada miembro en las relaciones familiares. La igualdad formal toma a los individuos (padre, madre, hijas e hijos) como semejantes o pares y deja de lado cualquier consideración a las condiciones reales de tales individuos (violencia, discriminación, relaciones de poder, etc.). Distinto sería plantearlo desde un reconocimiento de las condiciones de desigualdad de tales individuos, y en función de ello procurar mecanismos que disuelvan tales desigualdades.

Una consideración de las condiciones en que se producen las relaciones de los miembros de  espacio familiar, puede dar cuenta de las graves consecuencias que trae tratar como iguales a quienes no lo son, procurando reforzar mediante ley, prácticas discriminatorias. Aquí la pregunta por la mujer y las niñas es crucial, porque permite evidenciar que plantear un proyecto de ley en términos formales, de neutralidad, pone en riesgo a las mujeres y niñas cuando por ejemplo conocemos que más del 65% de los casos de violencia de género provienen de personas cercanas al vínculo familiar.  

(iii)El argumento de la familia como el eje central para la reforma y que no es exclusivamente jurídico, sino cultural y social, pero sobretodo político, termina por cerrar una concepción patriarcal y machista de las relaciones parento-filiales. Cuando la reforma centra la protección de los niños, niñas y adolescentes en el espacio familiar, está dejando de lado la responsabilidad que le corresponde al Estado en la protección de este grupo de atención prioritaria.

Qué implicaciones tendría esto? Veamos. En diciembre de 2016 el entonces presidente Rafael Correa, durante el Enlace Ciudadano 503 mencionó en un tono de reclamo, que al Estado ecuatoriano le cuesta 15 dólares diarios por cada preso por pensiones alimenticias. No podemos dejar de lado estas declaraciones, no solo porque el proyecto es presentado por el ex presidente, sino porque pone en evidencia el verdadero objetivo de la norma. Es claro que el problema en torno a las medidas para asegurar (no castigar) el pago de pensiones alimenticias, es tomado como un gasto para el Estado y no como un mecanismo para –ahora si- precautelar los derechos de niñas y niños y adolescentes para que se aseguren los recursos para su mantenimiento.

Siendo claras las implicancias exclusivamente económicas que tiene el no pago de pensiones alimenticias para el Estado, el ejecutivo requiere ubicar un elemento que logre invisibilizar este propósito. Allí es cuando aparece la familia como el nuevo  y único actor responsable de la protección de niños, niñas y adolescentes. Bajo el recurso de la familia como responsable exclusivo, el Estado no solo que abandona sus responsabilidades constitucionales, sino que identifica un nuevo individuo a ser disciplinado: las madres.

Una vez que hemos identificado y analizado algunos de los objetivos, podemos mencionar las reformas en concreto. El proyecto presentado ( 6 días antes de finalizar el período presidencial) hace énfasis en 3 asuntos: coparentalidad, el régimen de visitas y  rendición de cuentas

En cuanto al Régimen de Visitas, el proyecto menciona que el régimen vigente es asimétrico, en tanto deja sin oportunidad a uno de los progenitores de participar en las decisiones de la crianza de sus hijos. En este sentido la propuesta propone un régimen de coparentalidad,  el mismo que implica una tenencia compartida, de modo que el niño, niña o adolescente tiene “derecho” a compartir con ambos progenitores igual cantidad de tiempo. Esta propuesta que en inicio pareciera razonable desconoce hechos como los siguientes. En Ecuador 6 de cada 10 mujeres ha vivido en su vida, algún tipo de violencia (física, psicológica, sexual o patrimonial); en promedio cada 50 horas hay un femicidio, el 76% de las mujeres que han vivido violencia, identifica como agresores a su pareja o ex pareja; las mujeres divorciadas o separadas presentan mayor índices de violencia que aquellas que están casadas o solteras. Un juez de familia regularmente no toma en cuenta estos hechos, con lo cual puede poner en situación de vulnerabilidad a las mujeres al ordenar una tenencia compartida.  Esta situación no consta dentro de la exposición de motivos con la que el expresidente presenta el proyecto de reforma, mostrando un sesgo patriarcal en la propuesta.

En cuanto a las pensiones alimenticias, el proyecto de reforma manifiesta que existe una forma de discriminación sobre la o el progenitor que no ejerce la tenencia (en un 99% hombres), señalando por ejemplo (artículo 147.1) que en caso de no haber acuerdo o de no cumplirse el acuerdo, el juez aplicará la tabla mínima de pensiones alimenticias a ambos progenitores. Aunque el proyecto menciona una valoración económica de los cuidados para la o el progenitor que ejerce la tenencia (factor que consideramos de gran importancia), hay que decir que esto ya consta en el Código vigente, pero mantiene el vacío respecto de la forma en que serán valorados los cuidados.

En el caso de la figura del apremio para deudores de dos o más pensiones alimenticias, el proyecto manifiesta situaciones de desempleo que podrían causar dicha situación y que el Estado debe buscar alternativas al encarcelamiento de los deudores. Sobre esto cabe hacer dos apreciaciones: la responsabilidad del Estado de garantizar el acceso a salud, educación, alimentación y vivienda para niños niñas y adolescentes; y, la responsabilidad igualmente del Estado para generar fuentes de empleo. Si bien la propuesta podría resultar valiosa, nuevamente el Estado renuncia a sus obligaciones dejando recaer solamente sobre los progenitores, con lo cual no se produce sino el efecto contrario, el no pago de pensiones. Esto, visto desde un enfoque de género, genera mayor vulnerabilidad a mujeres y niños y niñas en tanto elimina el único medio mediante el cual ha sido posible procurar el pago de pensiones, pero además tornando más vulnerables la situación de los hijos y madre.

Otra de las novedades en cuanto a las pensiones alimenticias es la figura de “rendición de cuentas“ que podría ser exigida a través de un juez por parte del obligado a pagar las pensiones. Nuevamente una exigencia que no responde a la realidad de quienes deben administrar este pago, pues en el país, el 85% de las pensiones alimenticias son menores a 200 dólares, resultando hasta ridículo tener que llevar un registro, recibos y facturas de los gastos que se puedan realizar frente a todas las necesidades que se deben sortear en la crianza de los hijos.

Como hemos mostrado, la pregunta por la mujer, nos propone otro punto de vista para entrar a analizar una norma, que aunque muchos sectores la consideran valiosa, incurre en un reforzamiento de las condiciones de desigualdad y violencia que viven las mujeres en el país.Principio del formulario

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